En la historiografía contemporánea circula la idea de que las reformas borbónicas que se aplicaron en la Nueva España a mediados del siglo XVIII fueron pensadas y decididas desde la metrópoli. Hoy en día semejante afirmación no puede sostenerse frente a la evidencia de que muchas de las propuestas de cambio de esa época surgieron de los grupos dominantes novohispanos y no de la metrópoli, como se asegura. Tocó a Juan Rodríguez de Albuerne, marqués de Altamira, durante su gestión de auditor de Guerra y Hacienda de la Real Audiencia de México, entre 1742-1753, ser el principal impulsor de la política prevista por la nueva dinastía reinante de la Casa Borbón en sus posesiones de ultramar, veinte años antes de que oficialmente el visitador José de Gálvez pusiera en marcha la política reformista en el noroeste de la Nueva España. En suma, las ideas y las propuestas del marqués de Altamira representan en sí mismas el primer intento transformador del gobierno civil y religioso de las llamadas Provincias Internas.