Parte de la historia contemporánea de México se inscribe en lo que podemos llamar un proceso de ""secularización de la sociedad"", en el cual las manifestaciones sociales del derecho de libertad de religión y conciencia se han visto muy restringidas.

La reforma constitucional del 29 de enero de 1992 garantizó la tutela y protección de los derechos y libertades en materia religiosa de todos los mexicanos y posibilitó la apertura de canales de comunicación entre las Iglesias y las asociaciones religiosas, y entre éstas y los órganos estatales, pero dejó al margen algunos otros aspectos.

En este libro se reflexiona sobre la importancia que la nueva regulación del factor religioso tiene para que los poderes públicos busquen cómo optimizar la administración del legado histórico de origen religioso, que es patrimonio cultural de todos los mexicanos.

La experiencia europea y, en particular la española, sirven de referencia a este respecto. Los preceptos constitucionales sobre libertad religiosa de tales países armonizan dos principios: el estatal de tutela pública de los bienes eclesiásticos y el ejercicio del culto religioso: lo que supone un uso apropiado de los bienes eclesiásticos afectados. Fórmula ésta muy adecuada para sociedades modernas y secularizadas como lo es la sociedad mexicana.