Desde su origen, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ha suscitado intensos debates entre quienes defienden la necesidad de un ordenamiento que provea de instrumentos extraordinarios para que el Estado esté en posibilidad de combatir eficientemente la criminalidad no convencional y quienes sostienen que su incompatibilidad con los principios propios del derecho penal liberal debe llevar a su moderación o franca exclusión. En su momento, Sergio García Ramírez cuestionó la legitimidad de esta Ley, por tratarse de la primera de un grupo de normas jurídicas que incurren en la falsa dicotomía consistente en que, para obtener seguridad, es necesario prescindir de los derechos humanos. Tras más de veinte años de vigencia, es oportuno revisar los resultados que se han obtenido a partir de la aplicación de esta ley, a fin de valorar si la ruta seguida ha sido idónea, o bien, si es momento de emprender caminos no transitados.