Para poder entender la figura del juez de ejecución de sanciones es necesario estudiarla desde la óptica de la política pública, ya que ésta consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar parcial o totalmente la sociedad, así como sus resultados y efectos. Las políticas públicas son vistas como una interacción entre el poder estatal y la ciudadanía en el ejercicio de sus libertades, a manera de exteriorización real y puntual del juego entre los poderes sociales. Precisamente, la política criminal, como el conjunto de decisiones relativas a los instrumentos, reglas, estrategias y objetos que regulan la coerción penal, forma parte del conjunto de la actividad política de una sociedad y, por ende, parte de las políticas públicas. Aunado a lo anterior, es necesario analizar las teorías de los fines de la pena, ya que dependiendo de la postura que se adopte respecto de éstas, se podrá entender por qué la necesidad de instaurar el juez de ejecución