A lo largo de más de 150 años, la Ley de Amparo se ha constituido como el instrumento procesal por excelencia en la protección de los derechos constitucionales de los habitantes de nuestro país. La evolución a nivel internacional de la protección de derechos humanos dio lugar, en nuestro sistema jurídico, a las reformas constitucionales del 6 y del 10 de junio de 2011, en materia de amparo y de derechos humanos, por lo que ahora la Ley de Amparo requiere de ajustes a este nuevo esquema.