En 2003, el Poder Ejecutivo argentino inició un proceso de reformas a la Corte Suprema que implicaron una limitación de los poderes políticos en el nombramiento de jueces de la Corte. Posteriormente, la propia Corte Suprema implementó cambios en sus competencias y procedimientos internos, que incrementaron sus mecanismos de rendición de cuentas. Este trabajo analiza los factores políticos que motivaron este proceso de cambio institucional. Con base en investigación de campo realizada en la Argentina en 2005, se explican las reformas como un movimiento de autorestricción estratégica, que funcionó como un medio para construir legitimidad y credibilidad, para el gobierno y la Corte, respectivamente, en un contexto de crisis social e institucional y de demandas coordinadas de la sociedad civil.